Cámara de Diputados avala en lo general reforma sobre simplificación orgánica

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• El Pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general, con 347 votos a favor y 128 en contra, el dictamen que reforma la Carta Magna en materia de simplificación orgánica, que tiene como objetivo incorporar siete organismos autónomos a la Administración Pública Federal.

   

  De acuerdo con el decreto, se propone derogar la fracción IX del artículo 3 constitucional para que las atribuciones del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) sean atendidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

  En cuanto a la transparencia y protección de datos, las responsabilidades pasarán a la Secretaría de la Función Pública y otros órganos internos. En tanto, la medición de la pobreza y la evaluación de políticas públicas sociales que pertenecían al Coneval, se integrarán al Inegi.

    

En materia energética, se modifica el artículo 28 de la Constitución para extinguir la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), con el propósito de que sea la Secretaría de Energía la encargada de conducir y supervisar la política energética del país.

 

De igual manera, se propone la extinción de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), para que la Secretaría de Economía garantice la libre competencia y concurrencia, con la obligación de prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones para el funcionamiento eficiente de los mercados.

 

• Se contempla también la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para que, en su lugar, la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes garantice el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones.

   

  Asimismo, se establece que los ahorros de la extinción de estos entes públicos se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Además, se establece que los recursos humanos y materiales de las entidades que se extingan serán transferidos a las instituciones responsables y se respetarán los derechos laborales de los servidores públicos afectados.

   

  Al respecto, la diputada Olga Sánchez Cordero (Morena) resaltó que la reforma no solo plantea la posibilidad de disminuir costos onerosos para el erario público, sino que representa la posibilidad de que el diseño institucional regrese al equilibrio entre libertad comercial y ejercicio de ciudadanía. Resaltó la necesidad de una reestructuración y de una transferencia de facultades que salvaguarde los derechos del ciudadano.

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En contraste, la diputada Noemí Berenice Luna Ayala (PAN) consideró que estas reformas buscan eliminar organismos que garantizan derechos fundamentales como la transparencia y el acceso a la información, elementos vitales para la rendición de cuentas y el control de los abusos del poder. “Ya fueron por el Poder Judicial, ahora van por los organismos autónomos”, dijo.

 

El diputado Gerardo Villarreal Solís (PVEM) defendió la reforma, pues aseguró que no recorta derechos ni servicios al pueblo mexicano, sino que busca mejorar la eficiencia del gasto público y erradicar la duplicidad de funciones. Afirmó que la premisa del dictamen es "hacer más con menos".

 

“Ya no se justifican los gastos excesivos ni las duplicidades, lo que se salvaguarda con la reforma son derechos esenciales”, refirió el diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja (PT), quien indicó que el dictamen abonará a la recuperación de un Estado fuerte, sin gastos injustificados y que garantizará derechos para las y los mexicanos.

 

En tanto, la diputada Nadia Navarro Acevedo (PRI) señaló que coartar a dichas instituciones autónomas no solucionará los viejos problemas de este país, por el contrario “destruirá el valor público de organismos indispensables para la protección de los derechos de las y de los mexicanos”. Agregó que la propuesta abona a la opacidad.

 

En su intervención, la diputada Irais Virginia Reyes de la Torre (MC) adelantó que su bancada votaría en contra del dictamen, debido a que representa un “atentado” en contra de la democracia, los derechos de la población, además, de que “representa una involución y regresión al autoritarismo del poder hegemónico que no queremos”.

 

Luego de una amplia discusión en lo general, el presidente de la Mesa Directiva decretó un receso en la sesión ordinaria a fin de continuar con la discusión en lo particular, el jueves 21 de noviembre, a las 9:00 horas.

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