El Senado de la República aprobó el decreto que crea la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, junto con adecuaciones a cinco ordenamientos federales que buscan homologar a nivel federal penas entre 15 y 25 años para quienes cometan este delito. El proyecto fue remitido a la Cámara de Diputados para continuar el trámite legislativo.
El pleno avaló el dictamen en lo general con 110 votos a favor. El documento también contempla modificaciones al Código Penal Federal y otras leyes clave para uniformar criterios en todo el país.
En lo particular, el proyecto obtuvo una votación de 95 a favor y 12 en contra, incorporando dos reservas. La primera de ellas fue presentada por la senadora Martha Lucía Micher Camarena e incluye dentro la perspectiva de género en atención a víctimas con lo cual se modificaron los artículos 3, 33 y 41.
En tanto, la segunda modificación, propuesta por el senador Ignacio Mier Velazco, eleva las penas para este delito cuando se realice a través de dispositivos o plataformas tecnológicas. Esta modificación se realizó al artículo 17 del proyecto.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado (Morena), subrayó que durante la labor legislativa se realizaron 20 modificaciones distribuidas en 15 artículos y se adicionó un artículo transitorio. Precisó que este instrumento fortalece la capacidad del Estado para enfrentar la extorsión.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, el senador Enrique Inzunza Cázarez (Morena), destacó que el nuevo marco normativo configura una estrategia para combatir este delito que se ha fortalecido con el uso de la tecnología. Enfatizó que la armonización legal permitirá actuar con criterios comunes en todas las entidades.
La senadora Laura Estrada Mauro (Morena) afirmó que con esta nueva legislación el Estado envía un mensaje claro de unidad y determinación frente al crimen. Denotó el combate contra la impunidad como una prioridad que se fortalece con este nuevo marco legal que constituye un avance histórico.
Desde la bancada del PAN, María Guadalupe Murguía Gutiérrez consideró que la iniciativa implica un avance sustancial hacia una respuesta uniforme frente a la extorsión en todas las entidades federativas. No obstante, alertó que el éxito de esta ley dependerá de contar con policías, ministerios públicos y unidades especializadas debidamente capacitados.
El senador Waldo Fernández González (PVEM) destacó que la propuesta establece la persecución de este delito por parte de las autoridades de oficio con lo que se disminuirá el temor a represalias por la presentación de denuncias.Celebró que las líneas de denuncia anónima, como el 089, adquieran mayor relevancia en la protección de quienes reportan estos hechos.
La senadora Carolina Viggiano Austria (PRI) expresó su preocupación por la falta de presupuesto específico para implementar la nueva ley. Indicó que, aunque se usarán los recursos ya existentes, la reducción previa al presupuesto de seguridad podría dificultar su correcta puesta en marcha.
La senadora Lizeth Sánchez García (PT) destacó que esta ley genera un tipo penal único que evitará que la misma conducta reciba penas diferentes según el estado en que ocurra. Afirmó que esta armonización pone fin a años de desigualdad legal. Reconoció que el país necesitaba medidas contundentes frente a grupos extorsivos. Finalmente, afirmó que la reforma corrige omisiones del pasado.
La senadora Alejandra Barrales Magdaleno (MC) celebró el cambio de estrategia de seguridad que representa esta iniciativa. Afirmó que el país necesitaba una respuesta firme frente a organizaciones criminales que han penetrado la vida cotidiana de millones de personas como la extorsión que ha provocado daños profundos en familias y sectores económicos.
