La Cámara de Diputados concluyó este viernes la cuarta jornada de audiencias públicas en torno a las iniciativas para expedir la Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales, un ejercicio que a lo largo de la semana reunió a más de 400 ponentes entre especialistas, legisladores, académicos y organizaciones sociales.
En la última audiencia, se abordaron temas como la interdependencia del derecho humano al agua con el acceso a un medio ambiente sano, la salud, la alimentación y los mecanismos de participación comunitaria.
Las intervenciones giraron en torno a la urgencia de fortalecer el derecho humano al agua, transformar los mecanismos de gobernanza, revisar la actuación de empresas y autoridades, así como garantizar procesos transparentes y con participación social vinculante.
Durante su participación, el diputado Óscar Bautista Villegas (PVEM) subrayó que este proceso constituye un diálogo abierto que, a través de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Destacó que las audiencias permiten un intercambio amplio para enriquecer este marco legal.
Por su parte, la diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla (MC) propuso avanzar hacia una nueva gobernanza del agua mediante la creación de una Secretaría del Agua y de un Sistema Nacional del Agua con consejos ciudadanos. Mencionó que estos instrumentos permitirán terminar con la discrecionalidad en el reparto de concesiones y en su regulación.
El oficial de Derechos Humanos de la ONU-DH México, Bernardo Serrano González, planteó la necesidad de que la legislación incorpore con mayor claridad las responsabilidades de las empresas frente a los derechos humanos. Recordó que en el artículo 20 podrían añadirse las obligaciones de los sectores productivos.
A su vez, Wendy Marisol Ayala Cortés, especialista en Derecho Penal de la UNAM, advirtió sobre los riesgos de endurecer excesivamente las sanciones previstas en la iniciativa. Señaló que un incremento desproporcionado podría resultar adverso al derecho humano al agua, por lo que llamó a considerar las capacidades de quienes operarán la ley y no trasladar consecuencias al ámbito legislativo.
Asimismo, Felipe de Jesús, del Frente Popular de Lucha Zacatecana, denunció que la falta de transparencia en los procesos actuales favorece prácticas nocivas. Afirmó que la opacidad permite la sobreexplotación sistemática de los acuíferos, la transferencia irregular de títulos de concesión, subregistros de cargas contaminantes y decisiones discrecionales que benefician a grandes usuarios.
La coordinadora nacional del Plan de Ayala, Eugenia Flores Hernández, llamó a que en los consejos de cuenca se garantice la presencia de ejidatarios, comunidades indígenas, afrodescendientes y, de manera prioritaria, mujeres. Recordó que son ellas quienes enfrentan directamente las dificultades cotidianas cuando el agua escasea en los hogares.
El asesor jurídico Yasser Ismael Salinas y Martínez expuso alternativas para recuperar volúmenes de agua mediante el aprovechamiento de recursos actualmente desaprovechados. Mencionó que la solución está en fortalecer la captación.
