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La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados dictaminará la iniciativa presentada por integrantes de los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PVEM, la cual expide la Ley de los Derechos de las Personas Usuarias de Perros Guías y/o Asistencia Médica.
De manera enunciativa y no limitativa, esta ley reconoce a las personas usuarias de perros guía o de asistencia médica sus derechos humanos y mandata la regulación de su libre acceso en igualdad con el resto de la sociedad.
Según el Censo de Población y Vivienda de 2010, en México hay un millón 292 mil 202 personas con alguna discapacidad visual. Sin embargo, no se tiene un dato exacto del número de usuarios de perros guía o de asistencia médica. Se estima un aproximado de 400 usuarios, siendo, en su mayoría, los animales provenientes de Leader Dogs for the Blind.
Los proponentes señalaron que, a medida que se incrementa la cantidad de personas usuarias de un perro de asistencia, aumenta la necesidad de que el propio gobierno, organizaciones de la sociedad civil, empresas y particulares se interesen por brindarles más apoyo.
La legislación contiene 22 artículos divididos en ocho capítulos y cuenta con dos artículos en su régimen transitorio. En ellos se establece, por primera vez, un registro de todos los usuarios de perros guía o de asistencia médica en el país, quedando perfectamente delimitada la institución que tendrá a su cargo la base de datos y llevará a cabo el control y seguimiento de los perros de asistencia activos.
También se prevén los derechos de accesibilidad de los entrenadores de los perros de asistencia durante el periodo de adiestramiento del animal.
Asimismo, se establece un sistema sancionador, consistente en multas a quienes incumplan la ley, a fin de que los usuarios de perros guía o de asistencia médica no sean vejados en sus derechos elementales como son los de accesibilidad, consagrada en la Carta Magna.
Los Poderes Legislativos de las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, deberán adaptar su reglamentación sobre la materia a las normas contenidas en esta ley en el plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor de ésta.
El proyecto de decreto también se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.