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26 de Junio de 2025
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Con el fin de establecer una ruta de cooperación entre instituciones de seguridad pública, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Entre las disposiciones que integra la normativa se diferencian investigaciones de instituciones policiales bajo la conducción del Ministerio Público, además de establecer la obligación de contar con unidades de investigación certificadas.
En la presentación del dictamen, la presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, la diputada Jessica Saiden Quiroz (Morena), consideró que el proyecto complementa las atribuciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana al orientarla a dar respuestas eficaces y eficientes ante los retos de la seguridad pública.
Precisó que la nueva legislación cuenta con criterios de seguimiento y evaluación del gasto, incluyendo la intervención directa de la Auditoría Superior de la Federación. Consideró que uno de los ejes principales de la nueva ley es el fortalecimiento de la interoperatividad institucional, al establecer la obligación de integrar información confiable a los registros nacionales
En el marco de la discusión legislativa, la diputada de Morena Julia Arcelia Olguín Serna, afirmó que la normativa incorpora el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Al respecto, la legisladora aclaró este instrumento servirá para cerrar espacios al crimen organizado y a quienes operan bajo el anonimato, como extorsionadores y secuestradores.
El diputado César Israel Damián Retes (PAN) indicó que el documento incorpora elementos positivos, como el fortalecimiento de las instituciones civiles y el combate a la criminalidad. No obstante, enfatizó que se incluyen instrumentos de vigilancia injustificada bajo el argumento de seguridad, por lo que las consideró herramientas de persecución ciudadana.
Por el Partido Verde Ecologista de México, el diputado Carlos Enrique Canturosas Villarreal consideró que la legislación dinamiza y fortalece el sistema de seguridad en el país. Recalcó que la iniciativa busca elevar los estándares operativos y éticos de nuestras instituciones y destacó que uno de los pilares de la nueva legislación es la estandarización de procesos y prácticas policiales.
El diputado Luis Fernando Vilchis Contreras del Partido del Trabajo expresó que el dictamen es clave para construir una política de seguridad racional, profesional y articulada. El legislador recalcó que el enfoque de la nueva ley se enfoca a priorizar la estrategia conjunta entre los tres órdenes de gobierno y apuesta por la eficiencia operativa, la transparencia y la modernización tecnológica.
El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez (PRI) denunció que el proceso legislativo careció de transparencia y que el contenido final representa un riesgo para el carácter civil de la seguridad en el país. Señaló que uno de los puntos más graves es la eliminación del carácter civil de la seguridad pública nacional.
La diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas (MC) advirtió que la norma continúa una tendencia de militarización de las instituciones civiles en detrimento del Estado de Derecho. La legisladora lamentó que se optara por una reforma que representa una regresión en materia institucional y de garantías ciudadanas.
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