Comisiones Unidas avalan reformas que facultan al Infonavit sobre construcción de viviendas

 

Las comisiones unidas de Vivienda y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados aprobaron con cambios, la minuta que reforma diversas disposiciones del Infonavit y la Ley Federal del Trabajo en materia de vivienda social.

 

El proyecto que se avaló con 46 votos a favor y 10 en contra, contempla la creación de una empresa filial del Infonavit para la construcción de viviendas y la implementación de arrendamiento social, con un enfoque en el desarrollo económico local y la generación de empleos.

 

Además, se fortalecerán los mecanismos de control, lo que incluye la participación de la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para supervisar operaciones crediticias, así como de la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar el uso de los recursos.

 

El proyecto también establece que las subcuentas de vivienda y créditos de los trabajadores estarán protegidas y no serán sujetos a auditoría. Asimismo, se contempla la creación de comités y comisiones de vigilancia tripartitas con representantes del gobierno, trabajadores y empresarios para garantizar la transparencia.

 

La reforma que se envió al Pleno para su discusión, señala que los proyectos de crédito que no hayan cumplido sus compromisos con los trabajadores serán cancelados, y el Infonavit deberá restituir a los afectados.

 

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Vivienda, diputada Maribel Martínez Ruiz (PT) destaco el dialogo que se tuvo con líderes sindicales, personas trabajadoras, cámaras empresariales, así como las y los interesados en la reforma. “Hemos actuado como representantes de las personas que hoy podrán tener acceso a una vivienda adecuada”, dijo.

 

Fue la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, la diputada Maiella Gómez Maldonado (Morena), quien resaltó que la reforma que fortalece al Infonavit mediante una orientación social. “Primero los pobres, primero los que menos tienen, esos trabajadores que nunca en la vida han tenido la oportunidad de pensar o acceder a un crédito”.

 

En el debate de las y los integrantes de las comisiones, el diputado José Alejandro Peña Villa (Morena) indicó que la propuesta beneficiará a millones de mexicanas y mexicanos, pues se faculta al instituto a la construcción de viviendas, las cuales serán construidas con empresas que estarán debidamente auditadas, por lo que habrá mayor transparencia en el proceso.

 

En contraste, la diputada de Acción Nacional, María Lorena García Jimeno alertó sobre el riesgo que tiene la creación de una filial de construcción de vivienda con los recursos del Fondo Nacional, que se estiman en 2.4 billones de pesos, pues se limitaría la participación de más de siete mil empresas constructoras en el país. “El gobierno no ha sido un buen constructor y a las pruebas nos remitimos con la refinería que no refina”, asentó.

 

Por el PVEM, la diputada Gabriela Benavides Cobos afirmó que las subcuentas de vivienda de los y las trabajadoras serán respetadas, además de que se garantizará el recurso para que ejerzan su ahorro de adquirir una vivienda, así como a quien lo reclame. Agregó que en el proceso de construcción se tendrán mayores controles de vigilancia y rendición de cuentas.

 

Quien adelanto que votaría a favor de la reforma, fue el diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT), al considerar que con estas modificaciones se beneficia y cuida a las y los trabajadores, ya que se acabará con la opacidad y la corrupción. Además, de que otorga nuevas facultades a su director y permitir que la ASF que revise los recursos.

 

La diputada Laura Ivonne Ruiz Morena (PRI) afirmó que la propuesta amenaza con despojar a los trabajadores de la certeza y seguridad que representa el Infonavit. “La reforma está plagada de medidas que centralizan el poder y eliminan la transparencia, lo cual es alarmante”, expresó.

 

Por su parte, la diputada Patricia Mercado Castro (MC) subrayó que será imposible construir viviendas de bajo costo si los estados y municipios no acuerdan proporcionar terrenos de manera gratuita. Además, señaló que la lentitud en los trámites para la edificación de viviendas afecta las inversiones de las empresas y eleva los costos de construcción, lo que perjudicará a los trabajadores.

 

 

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