En la exposición de motivos del acuerdo presentado por el Senador Samuel García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano, se menciona que en enero de 2017 numerosos medios de comunicación informaron sobre la adquisición de más de 70.000 pruebas falsas de SIDA distribuidas por el gobierno del estado de Veracruz en el sexenio 2010-2016.
Asimismo, se indica que parte del dinero utilizado para comprar esos productos fraudulentos provenía del presupuesto federal, sin que el gobierno hiciera alguna observación o impusiera alguna sanción al estado de Veracruz cuando tales actos se hicieron públicos y las investigaciones concluyeron el uso deliberado de suministros médicos inapropiados.
“En nuestra opinión este tipo de desinformación maliciosa es un ataque sistemático contra la salud pública no sólo de Veracruz, sino a toda la nación”, señala el proponente.
En ese sentido, las y los legisladores concluyeron que tales actos deben considerarse como crímenes contra la humanidad, de conformidad con el artículo 7. 1 (k) del Estatuto de Roma, que señala que “se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los siguientes actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra toda población civil, con conocimiento del ataque. Otros actos inhumanos de carácter similar causando intencionalmente un gran sufrimiento o un daño grave a la integridad física o a la salud mental o física”.