- Sigue la transmisión de la señal
-
Canal 45.1
-
Canal 45.2
-
Canal 45.3
Al abordar la problemática sobre la falta de protección legal para las mujeres que actúan en legítima defensa, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados organizó el foro "Legítima defensa en la exclusión del delitoā€¯, donde los participantes destacaron la urgencia de establecer en el Código Penal Federal disposiciones que absuelvan a las mujeres que se defienden para proteger sus vidas.
La presidenta del órgano legislativo, diputada Marisol García Segura (Morena) explicó que el propósito del encuentro es realizar un análisis profundo y ofrecer apoyo a aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia por parte de agresores y que, además, han sido re victimizadas debido a la falta de una legislación adecuada.
Al respecto, legisladora lamentó que, en México, no existen estadísticas sobre mujeres encarceladas por defender sus vidas en situaciones de peligro, lo que conlleva a que sean criminalizadas y que sus casos queden invisibilizados. Afirmó que las mujeres no deberían enfrentar procesos judiciales y condenas debido a la legítima defensa.
En su intervención, la exdiputada Federal, Lorena Villavicencio Ayala, destacó que, aunque esté regulada la legítima defensa, dicha figura no es etiquetada de manera eficaz, pues hay autoridades judiciales que criminalizan a las mujeres acusándolas de falta de proporcionalidad.
La directora general de Voces Humanizando la Justicia AC, Ana Katirina Suárez Castro, destacó la problemática de la criminalización de la mujer en el país, debido a que dicho sector es constantemente cuestionado cuando se defienden de sus agresores. Enfatizó que actualmente la ley no aplica de manera efectiva la legítima defensa, lo que resulta en una denostación de la vida de las víctimas que confían en la autoridad para protegerse.
Al dar su testimonio, Yakiri Rubio, compartió su experiencia personal de injusticia al ser encarcelada por defenderse de un agresor. Su testimonio subrayó la urgencia de esta reforma para garantizar que ninguna mujer sea encarcelada por protegerse ante una agresión sexual o violencia de género.
Los asistentes al foro también destacaron la importancia de proporcionar traductores oficiales para garantizar un acceso efectivo a la justicia, y consideraron que esta reforma sobre legítima defensa podría servir como una medida preventiva de violencia, disuadiendo a los agresores de cometer actos de violencia contra las mujeres.